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Graduación de los créditos a los acreedores

1. INTRODUCCIÓN

La nueva Ley Concursal, que entró en vigor el día 1 de septiembre de 2.004, supone una profunda modificación del derecho vigente. Así, el nuevo sistema combina las garantías del deudor con la conveniencia de adelantar en el tiempo la declaración del concurso, a fin de evitar que el deterioro del estado patrimonial impida o dificulte las soluciones más adecuadas para satisfacer a los acreedores. Los estímulos a la solicitud de concurso voluntario, las sanciones al deudor por incumplimiento del deber de solicitarlo, y el otorgamiento al crédito del acreedor instante de privilegio general hasta la cuarta parte de su importe, son medidas con las que se pretende alcanzar ese objetivo.

La clasificación de los créditos es una de las innovaciones más importantes de la nueva ley.


2. CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS RECONOCIDOS

La regulación de la clasificación de los créditos introduce una importante diferencia con respecto al anterior sistema, puesto que reduce drásticamente los privilegios y preferencias a efectos del concurso, sin perjuicio de que puedan subsistir en ejecuciones singulares, por virtud de las tercerías de mejor derecho. Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas.

La clasificación de créditos es la operación en virtud de la cual los créditos que han sido reconocidos por la administración concursal y, por tanto, incluidos en la lista de acreedores, son calificados como créditos privilegiados, ordinarios o subordinados. Los créditos a los que nos referimos son únicamente los créditos concursales, no los créditos contra la masa, que los constituyen aquellos créditos nacidos con posterioridad a la declaración del concurso. Los créditos de los acreedores pueden ser clasificados en alguna de las siguientes categorías:

a) CRÉDITOS PRIVILEGIADOS:

Uno de los méritos del legislador concursal ha sido el de haber hecho descender considerablemente el número de privilegios crediticios así como el de haber limitado, aunque sólo en el caso de concurso, el número de fuentes legales de procedencia de los privilegios, eliminando, de esta forma, la complejidad y dispersión que caracterizaban a nuestro antiguo sistema de prelación de créditos. Son ejemplos de créditos con privilegio general los siguientes: las cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal; los créditos tributarios y demás de Derecho público; los créditos por responsabilidad civil extracontractual, etc. No obstante, la reducción de los privilegios no es tan drástica como pudiera parecer ya que, algunos de los créditos que antes eran privilegiados han pasado a ser créditos contra la masa, aparte de que éstos han aumentado en su número. En consecuencia, tenemos nuestras dudas de que la Ley Concursal vaya a suponer una mejora considerable de la posición de los acreedores ordinarios, pese a que éste parece ser el designio del legislador concursal.

Por otro lado, y en consonancia con la clasificación tradicional de créditos privilegiados existente en el Código Civil, en el concurso se diferencian dos tipos de créditos privilegiados: i) los créditos con privilegio especial, si afectan sólo a determinados bienes o derechos del deudor y, ii) los créditos con privilegio general, si afectan a la totalidad del patrimonio del deudor.

Respecto a las facultades inherentes a los créditos privilegiados, los titulares de los mismos pueden: formar parte de la administración concursal; adherirse a una propuesta anticipada de convenio; tienen derecho de asistencia y de voto en la junta de acreedores y no quedarán vinculados por el convenio que, en su caso, se apruebe, salvo que hubieran votado a favor de la propuesta de convenio o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable. Si son titulares de un crédito especialmente privilegiado, en caso de liquidación tienen derecho a ser satisfechos con preferencia a cualquier otro acreedor sobre el producto del bien o derecho afecto. Si son créditos con privilegio general, en la liquidación tienen derecho a ser satisfechos con preferencia a los acreedores ordinarios y subordinados. Además, los créditos especialmente privilegiados se pueden pagar con cargo a la masa y sin realización de los bienes afectos.

Por lo demás, los privilegios establecidos en la Ley Concursal comparten los caracteres de todo privilegio crediticio: son de origen legal, accesorios del crédito al que se refieren y con el cual se transmiten y de interpretación estricta. En contra de lo que era la regla general hasta ahora, los privilegios no se extienden a los intereses de cualquier clase de crédito, ya que ello sucederá únicamente con respecto a los créditos con garantía real y hasta donde alcance la garantía correspondiente.

b) CRÉDITOS ORDINARIOS:

Los créditos ordinarios son todos aquellos que no merecen la calificación de crédito privilegiado ni la de subordinado o que, directamente, sean calificados en la Ley Concursal como créditos ordinarios. Por ejemplo, establece la citada ley que el crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la consideración de crédito concursal ordinario.

La calificación de un crédito como ordinario conlleva que su titular pueda formar parte de la administración concursal. Asimismo se aplican con respecto a estos créditos las limitaciones cuantitativas y temporales previstas para la quita y espera; los acreedores ordinarios pueden adherirse a propuestas de convenio; son los créditos ordinarios los relevantes a la hora de determinar la correcta constitución de la junta de acreedores, la aprobación por la junta de una propuesta de convenio y, en ciertos casos, la oposición a la aprobación de un convenio; el acreedor ordinario está vinculado por el convenio y los créditos ordinarios sólo son preferentes a los créditos subordinados.

c) CRÉDITOS SUBORDINADOS:

Los créditos subordinados constituyen una categoría novedosa en nuestro ordenamiento concursal que merecen quedar postergados tras los ordinarios, por razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para el concurso). Además de ser postergados a todos los demás en caso de liquidación, los titulares de créditos subordinados no pueden formar parte de la administración concursal, no tienen derecho de voto en la junta de acreedores, están vinculados por el contenido del convenio aunque no votaran a favor, quedan afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los créditos ordinarios y verán extinguidas las garantías de cualquier clase de que fuera titular, viéndose, en su caso, obligado a la restitución posesoria y exponiéndose a que las garantías registradas sean convenientemente canceladas.

Por último, señalar que la importante reducción de privilegios concursales entró en vigor el día 1 de septiembre de 2.004 y, por tanto, podrán dejar de estar reconocidos, en los concursos declarados con posterioridad a aquella fecha, algunas preferencias o privilegios que traigan causa de contratos celebrados antes de la publicación e, incluso, del comienzo de la tramitación parlamentaria de la nueva Ley; retroactividad ésa que podría alterar de modo relevante la base del negocio fuente de la preferencia o privilegio sobrevenidamente desaparecido.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.