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Regulación sobre garantías de bienes de consumo

La inminente entrada en vigor el próximo 11 de Septiembre de la Ley de Garantías de Bienes de Consumo de 11 de Julio de 2003 (transposición de la Directiva 1999/44 del Parlamento Europeo y del Consejo) supone un importante reforzamiento de la posición del consumidor con respecto a la normativa anterior, contenida en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

La nueva ley trata de dar solución a dos cuestiones fundamentales relativas a la garantía de conformidad de los bienes objeto de un contrato de compraventa de consumo:

1) se establece un sistema alternativo al régimen de saneamiento por evicción y vicios ocultos del Código Civil, permitiendo al consumidor optar por uno de los dos sistemas de manera excluyente,

2) se fijan determinados requisitos formales que deben constar en la garantía comercial que es entregada al consumidor al adquirir los bienes.

La ley es aplicable a las compraventas de bienes muebles corporales destinados al consumo privado. Por CONSUMIDOR se entiende toda persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta, como destinatario final, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden; y por BIEN MUEBLE CORPORAL, aquel que puede trasladarse de un lugar a otro conforme a su naturaleza, y que tiene un entidad material que es perceptible por los sentidos.

Quedan, sin embargo, excluidos del ámbito de aplicación de la nueva ley algunos bienes específicos como aquellos adquiridos en venta judicial, salvo que los consumidores asistan personalmente, el agua, gas o electricidad, cuando estos últimos no aparezcan delimitados por referencia a cantidades determinadas.

Es fundamental en la ley el concepto de “conformidad de los bienes con el contrato”, en el sentido que el consumidor solo podrá reclamar frente al vendedor o productor, en su caso, en aquellos supuestos en los que no conociese los vicios o defectos en el momento de su adquisición. A tal efecto, la ley establece una presunción "iuris tantum" (que admite prueba en contrario) de conformidad de los bienes objeto del contrato salvo cuando el consumidor pruebe que se da alguna de las circunstancias siguientes:



1) que los bienes no se ajustan a la descripción realizada por el vendedor o productor o no poseen las características que se manifiestan en la publicidad comercial,

2) que no son aptos para el uso a que ordinariamente se destinan bienes del mismo tipo,

3) que no son aptos para un uso especial que hubiera sido comunicado por el consumidor al vendedor con el visto bueno de este,

4) que no presentan las características o cualidades típicas de bienes del mismo tipo,

5) que el bien ha sido instalado incorrectamente, cuando la instalación aparecía incluida en el contrato de compraventa,

6) que el consumidor no conocía, ni tenía medios razonables para conocer los defectos del bien en el momento de adquirirlo.

De producirse alguno de los supuestos anteriores, la ley otorga al consumidor legitimación activa, durante el plazo de 3 años desde la entrega del bien, para ejercitar las acciones de reparación o sustitución, y subsidiariamente las de resolución o rebaja del precio.

Las acciones de reparación o sustitución se otorgan al consumidor de manera opcional, con el límite de que ninguna de estas dos opciones resulte imposible o desproporcionada. Asimismo, la ley prevee las siguientes reglas de aplicación, una vez haya sido ejercitada la acción:

a) Gratuidad para el consumidor.

b) Plazo razonable.

c) Suspensión del plazo de garantía.

d) Reserva de acciones de rebaja o resolución, para aquellos supuestos en que la sustitución o reparación sea no conforme.

e) No habrá lugar a la sustitución cuando se trate de bienes no fungibles (aquellos que se adquieren por su individualidad, sin que puedan ser sustituidos por otros de idénticas características) o de segunda mano.

En aquellos supuestos en los que no sea posible obtener la conformidad, o cuando hubiere transcurrido un plazo razonable, una vez intentadas las acciones de reparación o sustitución, el consumidor podrá optar entre el ejercicio de las acciones de resolución del contrato o rebaja del precio. No obstante, se limita el ejercicio de la acción de resolución cuando la falta de conformidad del bien sea de escasa importancia.

Para determinar la cuantía de la rebaja se estará a la diferencia entre el valor del bien si hubiese sido conforme en el momento de la entrega, y el valor del bien efectivamente entregado.

Por otro lado, la ley otorga al consumidor la posibilidad de dirigir su acción directamente contra el productor del bien, en aquellos supuestos en que le resulte imposible o muy costoso, dirigirse frente al vendedor.

Uno de los aspectos más importantes y novedosos de la ley es el de la ampliación del plazo de mínimo de garantía de los bienes de consumo que pasa de 6 meses para los bienes de naturaleza duradera a un mínimo de 2 años, a contar desde la fecha de entrega, que se presume coincidente con la fecha de la factura o tiquet de compra, salvo prueba en contrario.

Se exceptúan de este plazo mínimo de garantía, las compraventas de bienes de segunda mano, para los que se establece un plazo mínimo de 1 año.

No obstante, se prevee una obligación importante para el consumidor, ya que la ley obliga al mismo a comunicar la falta de conformidad al vendedor o productor en un plazo máximo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella.

La nueva ley regula asimismo una serie de requisitos mínimos que debe recoger la garantía comercial que se entrega al consumidor, la cual debe redactarse al menos en castellano, por escrito o por cualquier otro medio o soporte duradero y directamente disponible por el consumidor. La garantía debe hacer mención como mínimo a los siguientes extremos:

1) Bien sobre el que recae la garantía.

2) Nombre y dirección del garante.

3) Que la garantía no afecta a los derechos de los que dispone el consumidor de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

4) Derechos del consumidor de conformidad con la garantía.

5) Plazo de duración de la garantía.

6) Posibles vías de reclamación.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.