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Consideraciones legales sobre comercio electrónico

Propiedad Intelectual, Media y IT

Las fórmulas tradicionales del comercio están dando paso, cada vez más, a nuevas formas de contratación surgidas al amparo del desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías, que son genéricamente conocidas como "comercio electrónico" o "e-business".

Hay que señalar en primer lugar, que toda relación comercial que se produzca entre una empresa, cualquiera que sea su tamaño y su producto o servicio, y el consumidor que los adquiere o contrata "on line", ha de interpretarse como si fuera una relación comercial/contractual no electrónica o no a distancia entre empresa y consumidor por lo que, como norma general, y salvo determinadas especificidades, le será aplicable la normativa que rige el comercio habitual con los consumidores.

La contratación electrónica deberá sujetarse, pues, al cumplimiento de la normativa reguladora en distintos ámbitos legales, cuyas principales características exponemos brevemente a continuación:

I.- Condiciones generales de la contratación

Será de aplicación la normativa española vigente al respecto cuando la adhesión a las condiciones generales de la contratación efectuada por el consumidor se efectúa en España, aunque la oferta contractual provenga del extranjero.

Todas las condiciones generales han de ser claras, concretas y sencillas, así como conocidas en su totalidad por el consumidor como mínimo tres días antes de la celebración del contrato, debiéndose remitir posteriormente al consumidor el texto completo de las mismas. La empresa deberá entregar además, justificación escrita relativa a la contratación efectuada en el idioma del consumidor, o en el utilizado en la oferta.

Salvo determinadas excepciones, el consumidor dispone de un plazo de resolución del contrato de siete días hábiles según el calendario oficial del lugar de su residencia habitual, con el derecho a reembolso por las cantidades pagadas, sin gasto ni penalización alguna.

II.- Publicidad/Competencia desleal

Internet, entendido como forma de comunicación con el fin de promover la contratación de bienes, servicios, derechos y obligaciones, encaja en el concepto de publicidad. La normativa española prohibe toda publicidad subliminal, engañosa o que induzca a error, ilícita, la que atente contra la dignidad de la persona y la publicidad desleal, así como la publicidad comparativa en determinados supuestos. Hay que tener en cuenta, además, las limitaciones a la publicidad de determinados productos y servicios.

Asimismo, se prohiben todos los actos de competencia desleal, tales como los actos de confusión, engaño, denigración, imitación en algunos casos, explotación de reputación ajena, violación y divulgación de secretos, comparación no objetiva o denigratoria, venta a pérdida, y el resto de actos y conductas que sirvan para promover las prestaciones propias o de un tercero, que se realicen en el mercado y con fines comerciales.

III.- Propiedad industrial e intelectual

Todas las imágenes, dibujos, textos, documentos, software, programas de ordenador, bases de datos, signos distintivos, botones, diseño de páginas web, su contenido, logotipo, marcas, etc., son susceptibles de estar protegidos por algún derecho de propiedad intelectual o industrial, por lo que su titular tiene el derecho exclusivo a utilizarlo, disponer de él o explotarlo en el tráfico económico y a impedir su ejercicio por parte de terceras personas. Es posible, por tanto que cualquiera de dichos derechos se vea infringido en cualquier lugar y en cualquier momento por un tercero que los utilice en su página web sin autorización de su titular, o bien que infrinjan el derecho exclusivo de un tercero y por tanto se deba ceder en su uso.

Debe añadirse, además, toda la problemática existente, pese a la implementación de mecanismos de resolución de conflictos, en relación a la asignación y titularidad de los nombre de dominio de Internet, que suponen la identificación de la página web de la empresa o particular a través de la que se realiza la contratación electrónica.

IV.- Responsabilidad por productos defectuosos

La legislación española en aplicación de la Directiva comunitaria, establece que los fabricantes o importadores serán responsables por los daños causados por los defectos de sus productos fabricados o importados. Se entiende por daños, la muerte, las lesiones corporales y los daños físicos a una cosa o la destrucción de una cosa que no sea el propio producto defectuoso.

El consumidor dispone de un plazo de tres años desde que sufrió el perjuicio para reclamar la compensación por el mismo.

V.- Protección de datos de carácter personal

Entre otras obligaciones, el responsable de un fichero de datos de carácter personal deberá utilizar dichos datos exclusivamente para las finalidades para las que recogió tales datos, debiendo adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad del fichero, la obligación de confidencialidad, y la necesidad de comunicación y notificación a la Agencia de Protección de Datos y al Registro General de Protección de Datos cuando sea pertinente.

Los afectados a los que se soliciten datos personales, deberán ser informados de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal, de la finalidad de dicho fichero, de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, y de la identidad y dirección del responsable del fichero.

Cuando se realice reparto de documentos, publicidad, venta directa u otras actividades análogas, el afectado tiene derecho a saber el origen de tales datos y el derecho a ser dado de baja del correspondiente fichero a su solicitud.

VI.- Contratos a distancia

La normativa respecto a los contratos celebrados a distancia, establece que la oferta de venta a distancia deberá incluir la siguiente información:

- Identidad del proveedor.

- Características del producto.

- Precio y, separadamente, los gastos de transporte.

- Forma de pago y modalidades de entrega o ejecución.

- Plazo de validez de la oferta.

La falta de respuesta a la oferta nunca podrá considerarse como aceptación, por lo que están prohibidos los envíos de artículos o mercancías no pedidas, no estando en tal caso el consumidor obligado a su devolución. Si la entrega se debiera a un error, el consumidor tendrá derecho de retención sobre el bien hasta ser indemnizado con el 10% de su valor, o en caso contrario lo hará suyo definitivamente. A falta de acuerdo entre las partes, el plazo de ejecución del pedido será de treinta días.

VII.- Defensa de consumidores y usuarios

La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades y servicios, se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad.

El productor/suministrador deberá entregar por escrito una garantía sobre los bienes de naturaleza duradera, en la que constará , como mínimo, la información siguiente:

- Objeto sobre el que recaiga la garantía.

- Garante y titular de la garantía.

- Derechos que comporte la garantía.

- Plazo legal de la garantía, que hasta el momento es de seis meses, a la espera de la incorporación en España de la Directiva 1999/44, que extenderá dicho plazo hasta los dos años.

Durante el periodo de vigencia de la garantía, su titular tendrá derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos aparecidos y de los daños y perjuicios por ellos ocasionados. Si la reparación no fuere satisfactoria, cabrá la sustitución del objeto adquirido o bien la devolución del precio pagado.

VIII.- Legislación aplicable y competencia judicial

El Convenio de Roma de 1980 establece que cuando el contrato es celebrado por un consumidor, la ley aplicable ha de suponer una protección igual a la ley del país de la residencia habitual del mismo.

Respecto a la competencia judicial para la resolución de conflictos, la normativa española prohibe que ofertante y consumidor acuerden cualquier otro juez o tribunal distinto para resolver la posible controversia entre ellos, que el del domicilio del consumidor, o el del lugar de cumplimiento de la obligación. No obstante, el Convenio de Bruselas de 1968 permite al consumidor entablar acciones ante los tribunales en donde estuviere domiciliada la empresa ofertante.

Pese a las previsiones legales, la determinación de la legislación y competencia judicial aplicables, es uno de los aspectos más conflictivos en el marco de la contratación electrónica, especialmente cuando los sujetos de la relación jurídica tienen nacionalidades y residencias distintas, por lo que habrá que estar a cada supuesto de hecho concreto.

IX.- Ley de Comercio Electrónico

Al margen de lo anterior, es importante señalar que ya ha entrado en vigor una determinada legislación especifica para el comercio electrónico, que regula, entre otros aspectos, el pago y firma electrónica, o las condiciones generales en la contratación.

Debemos declarar, finalmente la existencia del anteproyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, como transposición a la Directiva UE 2000/31, que deberá entrar en vigor antes del 17 de enero de 2002, cuyas líneas básicas son las siguientes:

- Obligación de comunicación al registro público correspondiente (Registro Mercantil) del nombre/s de Internet que se utilice para el comercio.

- Se establece la información a la que deben tener acceso los consumidores.

- No responsabilidad por contenidos o enlaces.

- Identificación de las comunicaciones comerciales como tales y de la persona jurídica o física que las realiza, concediendo la opción a los destinatarios de oponerse a tales envíos.

- Regula todo el proceso de contratación que han de seguir ambas partes, así como el momento y lugar de celebración del contrato.

- Solución judicial y extrajudicial de conflictos.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.