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Ley del Catalán

I.- Introducción

La nueva Ley de Política Lingüística (popularmente denominada “Ley del Catalán”) aprobada por el Parlament de Catalunya, y cuya entrada en vigor ha tenido lugar el pasado día 29 de enero de 1.998 tiene, como objetivo fundamental, normalizar la situación del catalán como lengua propia de Catalunya garantizando a la vez los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, modificando y adaptando la antigua Ley de Normalización Lingüística del año 1.983 a los cambios producidos en los ámbitos de la información, tecnología, socio-culturales, económicos, comerciales, etc.

La finalidad y espíritu de dicha ley queda resumida en los derechos y deberes lingüísticos de los ciudadanos, cuyo reflejo en la actividad socioeconómica, objeto de la presente nota informativa, abordamos a continuación. En este sentido, en Catalunya todas las personas tienen derecho a:

Conocer las dos lenguas oficiales: catalán y castellano.

Expresarse en y utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas en todos los ámbitos (público y privado).

Ser atendidos indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

No ser discriminados por razón de la lengua oficial que utilizan.

 

II.- Incidencia de la Ley en la actividad socioeconómica:

Las empresas públicas de la Generalitat de Catalunya y de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos) y sus empresas concesionarias (ej. transporte, autopistas, etc.) han de utilizar normalmente el catalán en sus actuaciones y documentación interna, notificaciones, facturación y demás documentos del tráfico mercantil dirigidas a personas residentes en el ámbito lingüístico catalán, así como en la rotulación, instrucciones de uso, etiquetaje y embalaje de los productos o servicios que produzcan u oferten, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si así lo solicitan.

Las empresas de servicio público, públicas o privadas (transporte, suministros, comunicaciones, etc.) han de utilizar, al menos, el catalán en la rotulación y comunicaciones megafónicas. Las comunicaciones escritas, y facturas u otros documentos del tráfico mercantil dirigidas a personas residentes en Catalunya deben realizarse al menos en catalán, sin prejuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si así lo solicitan.

Las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Catalunya deben tener en cuenta las consideraciones siguientes:

han de estar en condiciones de poder atender a los consumidores y usuarios en cualquiera de las lenguas oficiales en Catalunya (catalán y castellano)

la señalización y los carteles de información general de carácter fijo (productos, directorios, anuncios de rebajas u ofertas etc.) y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público han de estar redactados, al menos, en catalán. Es importante destacar que esta norma no es aplicable a las marcas, rótulos de establecimiento y demás signos distintivos amparados por la legislación de propiedad.

Las empresas concertadas o subvencionadas por la Generalitat de Catalunya o Corporaciones Locales deben utilizar al menos el catalán en la rotulación, avisos y documentación como mínimo cuando estén vinculados al objeto del convenio o la subvención.

 

III.- Incidencia sobre los productos y servicios: información a consumidores y usuarios.

Las empresas, públicas o privadas, que comercializan productos u ofertan servicios en Catalunya, deben tener en cuenta las cuestiones siguientes:

los datos que figuran en el etiquetaje, embalaje e instrucciones de uso de los productos que se distribuyen en el ámbito territorial de Catalunya pueden figurar en catalán, castellano, o cualquier otra lengua de la Unión Europea.

los datos e informaciones, obligatorios y voluntarios, que figuren en las etiquetas de productos catalanes que gocen de denominación de origen, denominación comarcal o denominación de calidad y de los productos artesanales que se distribuyen en el ámbito territorial en Catalunya deben constar necesariamente, como mínimo, en catalán.

Queda sujeto a regulación reglamentaria, pendiente de aprobación, por la Generalitat de Catalunya, la información a consumidores y los usuarios de sectores determinados, y el etiquetaje e instrucciones de uso de productos industriales y comerciales distribuidos en el ámbito territorial de Catalunya, en especial los productos alimenticios envasados, los peligrosos y los tóxicos, así como el tabaco, para garantizar la progresiva presencia del catalán en los mismos.

Por lo que se refiere al sector publicitario, la Generalitat y los entes locales promoverán el uso del catalán en la publicidad, especialmente en la vía pública, para que esta sea la lengua de uso normal.

 

IV.- Otras previsiones legales con incidencia en la actividad socioeconómica.

a) A nivel laboral:

los convenios colectivos de trabajo y los pactos de empresa pueden contener cláusulas lingüísticas orientadas a fomentar el conocimiento del catalán entre los trabajadores y garantizar su uso en los centros de trabajo, contratos de trabajo, hojas de salario, etc.

los rótulos e informaciones de carácter fijo y que deban constar en los centros de trabajo dirigidos a las personas que allí trabajan deben constar, como mínimo, en catalán.

b) A nivel jurídico:

son válidas las actuaciones judiciales realizadas en cualquiera de las lenguas oficiales, sin necesidad de traducción.

los documentos públicos deben redactarse en la lengua que escoja el otorgante y, si hubiera más de uno, en la que de común acuerdo escojan. A falta de acuerdo, se redactarán en las dos lenguas oficiales.

los fedatarios públicos (Notarios y Corredores de Comercio) deben preguntar explícitamente a los otorgantes la lengua escogida con anterioridad a otorgar el documento. Si éstos no escogen expresamente la lengua, el documento se redactará en catalán. Las copias y testimonios de los documentos deben entregarse en la lengua solicitada por la persona interesada debiendo el fedatario publico traducir, bajo su responsabilidad los documentos y matrices.

c) A nivel contractual:

son válidos y producen plenos efectos jurídicos, los documentos civiles y mercantiles otorgados en cualquiera de las dos lenguas oficiales, no requiriendo de traducción para exigir judicial o extrajudicialmente su eficacia en el ámbito territorial de Catalunya.

los documentos civiles y mercantiles deberán redactarse en la lengua que las partes acuerden. No obstante, los contratos de adhesión, normados, contratos con cláusulas tipo o con condiciones generales deben redactarse en la lengua que escojan los consumidores y estar a disposición inmediata de los clientes en ejemplares separados en catalán y castellano.

son válidos los títulos valor, inclusive los que representan acciones de sociedades mercantiles, sea cual sea la lengua en que estén redactados.

los cheques, pagarés, talonarios, etc. ofrecidos por las entidades financieras a sus clientes deberán estar redactados, como mínimo, en catalán.

 

V.- Período de adaptación empresarial a la nueva normativa:

Las empresas disponen de un plazo de 2 años para adaptarse a la nueva normativa, siendo éste de 5 años para los empresarios autónomos y profesionales.

Los productos y servicios que no cumplan las disposiciones relativas al etiquetaje podrán seguir en el mercado durante un período de 5 años, o hasta su fecha de caducidad si ésta es superior.

 

VI.- Sanciones por incumplimiento de la Ley:

La Ley no establece sanciones para los ciudadanos.

Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento de las obligaciones relativas, entre otras, a la redacción de documentos, disponibilidad de contratos en ambas lenguas, y señalización informativa en los establecimientos públicos será considerado como una infracción leve.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.