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Aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia a los Contratos de Distribución: situación actual de la jurisprudencia

M&A

El contrato de agencia viene expresamente regulado en la Ley 12/1992 sobre Contrato de Agencia (“LCA”), regulación que es de carácter imperativo (artículo 3.1 LCA), salvo que se prevea expresamente lo contrario. En el caso del contrato de distribución no hay regulación expresa, habiendo sido la doctrina y la jurisprudencia las que han venido definiendo y regulando esta figura. Existe una tendencia doctrinal (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2008, Ex 1258 del Código Civil) de trasladar el régimen legal del contrato de agencia a los contratos de distribución, que admiten esta analogía sobre todo en lo referente a ciertos conceptos regulados en la Ley de Agencia como el margen bruto, el preaviso y la prescripción. Sin embargo, al no haber identidad de razón entre el contrato de agencia y el de distribución, suele aplicarse a este último el régimen general.

En los contratos de distribución no se prevé legalmente (aunque sí puede preverse en el contrato) ningún tipo específico de indemnización por clientela o por falta de preaviso en caso de resolución unilateral del contrato, por lo que es de aplicación la normativa civil común, que establece sólo la indemnización por daños y perjuicios para el supuesto de que se resuelva un contrato de distribución sin respetar el plazo de preaviso y/o sin mediar justa causa.

Las causas de terminación de estos contratos de distribución pueden ser a) por causas objetivas (cumplimiento del plazo o estipulación convenidos), b) por incumplimiento de obligaciones (ex. Art. 1124 del Código Civil) que deberá ser un incumplimiento sustancial, relevante y reiterado y c) resolución unilateral en contratos de duración indefinida (ad nutum). La jurisprudencia establece que no se puede asignar carácter de perpetuidad a los contratos de distribución o agencia y que, por ello, en estos casos, debe reconocerse a cualquiera de las partes la facultad de desistir del contrato en cualquier momento (denuncia o desistimiento ad nutum), sin que esto en sí mismo comporte abuso de derecho. El ejercicio de esta facultad está sometido al principio de la buena fe que, según la jurisprudencia, impone la necesidad de respetar un plazo de preaviso que, a falta de pacto, deberá ser el que marquen los usos o será el adecuado, según las circunstancias. A título de ejemplo, en el art. 25 de la Ley sobre Contrato de Agencia se establece un mes para cada año de vigencia del contrato con un máximo de seis meses.

Algunas sentencias del Tribunal Supremo hacen referencia a que concurra una justa causa o motivo para el desistimiento y que éstos sean legítimos y haya buena fe tanto en la determinación del preaviso (Art. 16.3 LCD o 25 LCA) como hasta la fecha de efectiva terminación y ausencia de abuso de derecho (Art. 7 CC 1.258 CC y 57 CCom). Ello supone ausencia de actio doli y concurrencia de conducta diligente y razonable.

En la reciente sentencia del Tribunal Supremo 1911/2017 del 19 de mayo de 2017, el TS vuelve a insistir y recordar como ya había hecho en sentencias anteriores, como la Sentencia de 15 de enero de 2008 y la de 16 de marzo de 2016, que la Ley de Contrato de Agencia es aplicable analógicamente a los contratos de distribución, si bien hay que verificar, en cada caso, (i) si concurre la analogía siendo “la integración o no del concesionario en una red comercial que aproxime significativamente su posición a la del agente” el criterio más relevante; (ii) que las partes de un contrato de distribución pueden excluirla mediante la cláusula correspondiente y que, si no se ha excluido, si procede la aplicación analógica y (iii) ha de verificarse en cada caso concreto si se dan los requisitos establecidos en la LCA para otorgar la compensación por clientela o cualquier otra indemnización.

En este sentido, el criterio actual del TS para que proceda la indemnización por clientela en contratos de distribución en ausencia de pacto entre las partes es que no debe mediar incumplimiento del distribuidor, que la posición del distribuidor sea asimilable a la del agente estándose al caso particular del contrato en cuestión. Se compensará con arreglo al criterio de la Ley 12/1992, esto es, sobre los beneficios netos obtenidos por el distribuidor y se fijará mediante “apreciaciones prospectivas” pero bastando si se presenta “meramente posible o hipotético”. En cuanto a los daños y perjuicios, en ausencia de pacto, el TS procede a indemnizar no solo el daño emergente (art. 1101 y 1106 CC) de la resolución unilateral del contrato de distribución, sino también el lucro cesante (compensación por falta de preaviso y el criterio de la clientela). Se tendrán en consideración, entre otros, las inversiones no amortizadas, costes de despido y la recompra de stock. La carga de la prueba corresponde al distribuidor.  

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.