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La nueva Directiva sobre “whistleblowers”

Nacho González Freixa

Societario, Gobierno Corporativo y Compliance

El pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó en el D.O.U.E la Directiva UE2019/1937, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

La Directiva tiene como fundamento fomentar la denuncia de infracciones de la normativa europea por dos medios:

Por un lado, garantizando la protección de los denunciantes frente a posibles represalias y, por el otro imponiendo la obligación tanto a entidades públicas como privadas de disponer de canales de denuncia de forma que estas tengan puntual conocimiento de las infracciones cometidas en el seno de la compañía o por sus empleados o directivos.

Para las Administraciones Públicas la Directiva prevé la posibilidad de que se creen canales externos de denuncias que podrán ser utilizados por los interesados cuando no existan canales de denuncia disponibles o cuando, presentada una denuncia, no se hayan adoptado medidas por parte de la Administración o de las Compañías.

 

LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR CANALES DE DENUNCIA.

Para el sector público, la obligación alcanza a todas las administraciones territoriales y a las entidades que estén sujetas al control de una entidad pública. No obstante, los Estados miembros tienen la opción de eximir de la obligación de implantar el canal de denuncias a municipios con menos de diez mil habitantes o entidades públicas o bajo su control de menos de cincuenta empleados.

Para el sector privado, la obligación alcanza a todas las sociedades que operen en el sector financiero o que sean sujetos obligados o estén sujetas por o a la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La obligación se hace también extensiva a aquellas sociedades con más cincuenta empleados.

La Directiva concede un plazo adicional de dos años para la implantación del canal a aquellas sociedades con más de cincuenta empleados, pero menos de doscientos cincuenta.

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: MATERIAS.

Se establecen garantías mínimas comunes de protección a las personas que informen sobre:

A. Infracciones que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados a continuación:

  • Contratación pública.
  • Servicios, productos y mercados financieros. Prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.
  • Seguridad de los productos y conformidad.
  • Seguridad del transporte.
  • Protección del medio ambiente.
  • Protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear.
  • Seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales.
  • Salud pública.
  • Protección de los consumidores.
  • Protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información.

 

B. Infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, y

C. Infracciones relativas al mercado interior, tales como infracciones en materia de competencia, ayudas de estado, infracciones relativas al impuesto de sociedades o prácticas que tengan como objetivo obtener una ventaja fiscal que desvirtúe la finalidad de la normativa en relación al impuesto de sociedades.

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: PERSONAS.

La directiva se aplicará, como mínimo a:

  • Trabajadores, incluidos los funcionarios.
  • Personal trabajador no asalariado.
  • Los accionistas o las personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos. Los voluntarios o trabajadores en prácticas perciban o no una remuneración. Si bien la Directiva no lo menciona expresamente, parece que deba aplicarse también a obligacionistas, bonistas, cuenta participes, etc.
  • Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de los contratistas, subcontratistas y proveedores, incluso en el supuesto de que se produzcan en relación a hechos acaecidos en el marco de una relación laboral ya finalizada.

 

EXCLUSIONES.

La Directiva no afectará a las normas de derecho de la Unión o Interno en relación a:

  1. La protección de información clasificada
  2. La protección del secreto profesional de los médicos y abogados.
  3. El secreto de las deliberaciones judiciales.
  4. Las normas de enjuiciamiento criminal.

 

ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS.

Uno de los retos que deberán afrontar las entidades obligadas a disponer de un canal de denuncias será el establecimiento y aprobación de los procedimientos internos necesarios para regular el proceso de recepción, plausibilidad y tramitación de denuncias.

Dicho procedimiento deberá, con carácter mínimo:

  • Recepcionar y acusar recibo de la denuncia en un plazo máximo de siete días,
  • Identificación de la persona u órgano que tramitará la denuncia.
  • El plazo para comunicar al denunciante el curso dado a la denuncia, que no podrá exceder de tres meses desde la recepción y acude recibo de la misma.
  • Explicación clara y detallada de la utilización del canal y del procedimiento de utilización del canal de denuncias.

 

EXTERNALIZACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS

La directiva contempla la posibilidad de externalizar el servicio de canal de denuncias e incluso que determinadas entidades compartan los canales de denuncias (entidades de entre 50 y 250 empleados)

 

PROTECCIÓN CONTRA REPRESALIAS

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se erige la Directiva es la protección de los denunciantes mediante el establecimiento de un sistema de no represalias contra los que denuncien irregularidades, siempre que las denuncias sean de buena fe. Corresponderá a los estados miembros garantizar dicha protección, garantizando, en su caso, la reincorporación al puesto de trabajo del denunciante, el restablecimiento de contratos o licencias o autorizaciones concedidas y, en su caso, el establecimiento de medidas de compensación o reparación por pérdidas financieras.

 

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.