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MEDIDAS LABORALES EXCEPCIONALES: EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO DERIVADOS DEL COVID-19.

Dada la situación extraordinaria que estamos que viviendo por la incidencia del Coronavirus Covid-19 y como consecuencia del Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo, muchas empresas se ven en la obligación de adoptar medidas de suspensión contractual o reducción de jornada de sus trabajadores.

Como consecuencia de ello, el Gobierno ha aprobado este martes día 17 de marzo, por medio del RDL 8/2020, una serie de medidas excepcionales en el ámbito laboral con la finalidad de facilitar la gestión de los procedimientos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo(ERTEs) y garantizar la protección por desempleo de los trabajadores afectados por dichas suspensiones o reducciones de jornada.

De este modo, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y de manera excepcional, se establecen particularidades procedimentales que redundarán en una simplificación de los requisitos, sin merma de las correspondientes garantías y de la necesaria seguridad jurídica.

Debemos diferenciar los ERTEs basados en causas de fuerza mayor de aquellos otros que tienen su origen en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

  1. FUERZA MAYOR

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

En estos supuestos, se aplicarán las siguientes especialidades respecto al procedimiento habitual:

  1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, y de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a los trabajadores y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a sus representantes legales.
  2. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
  3. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
  4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días

 

  1. CAUSAS ECONÓMINAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN.

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción temporal de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  1. En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, se creará una comisión representativa integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos entre todos los trabajadores. La comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.
  2. El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa no deberá exceder del plazo máximo de 7 días.
  3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días.
  • MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.

Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

 

  • MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por causas organizativas, productivas o de fuerza mayor, con base en las circunstancias extraordinarias descritas, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá:

  1. Reconocer del derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  2. No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Las medidas descritas estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, y todas ellas, estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.