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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES APROBADAS POR EL GOBIERNO ESPAƑOL CON MOTIVO DE LA CRISIS SANITARIA PRODUCIDA COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19

El Gobierno español ha aprobado el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, en vigor desde el día de hoy, 18 de marzo, y por plazo inicial de un mes, aprobando un paquete de medidas urgentes de carácter social y económico con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas, completando y ampliando además el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria.

Resumimos a continuación las diversas medidas aprobadas en aquellos ámbitos que mayor impacto tienen en las empresas: laboral, fiscal, societario y concursal, sin perjuicio de las medidas aprobadas en otros ámbitos de carácter más social.

 

      A. MEDIDAS LABORALES Y SOCIALES

  • Se establece el trabajado a distancia (teletrabajo) como medida prioritaria frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.
  • Las personas trabajadoras por cuenta ajena podrán adaptar y/o reducir su jornada hasta un 100% para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo (cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo).
  • Se facilitan y agilizan los trámites para promover ajustes temporales de plantilla a través de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) diferenciando entre aquellos que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 (fuerza mayor) de los basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19.
  • En los ERTEs por fuerza mayor, se exonerará a la empresa de abonar el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social si a 29 de febrero de 2020 tuviera menos de 50 trabajadores, y el 75% si tuviera 50 o más trabajadores.
  • Con independencia de la causa del ERTE los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido, y no les computará a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
  • Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, y todas ellas, estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
  • Los trabajadores autónomos cuyas actividades queden suspendidas o cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, podrán solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad.

 

      B. MEDIDAS FISCALES

  • Se amplían hasta el 30 de abril de 2020 todos aquellos plazos ya iniciados antes del 18 de marzo de 2020 y que, a dicha fecha, no hubieran concluido, en relación con:
    • Plazo voluntario de pago de las deudas tributarias liquidadas por la Administración.
    • Plazo de pago concedido en la notificación de las providencias de apremio del período ejecutivo.
    • vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
    • Plazos para las pujas electrónicas en las subastas tributarias y los relativos a la fase de adjudicación de los bienes subastados y su pago.
    • Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria.
    • Plazo del trámite de alegaciones y de audiencia en el seno de procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o especiales de revisión.
  • En el caso de que los plazos no se hubieran iniciado, por comunicarse a partir de la entrada en vigor del RDL, el plazo se extenderá hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo que el propio plazo sea superior).
  • No obstante, los obligados pueden atender los requerimientos, solicitudes de información o presentar alegaciones y se entenderá evacuado el trámite, salvo que expresamente hagan reserva de su derecho a la ampliación del plazo.
  • Lo dicho en relación con los plazos no afecta a los previstos por la normativa aduanera para formular alegaciones y atender requerimientos.
  • El período desde el 18 de marzo al 30 de abril de 2020 no computa a efectos de la duración máxima o de la caducidad de los procedimientos ni a efectos de plazos de prescripción de derechos de la Administración Tributaria o del obligado tributario a que se refiere la Ley General Tributaria.
  • Tampoco se inicia el plazo de un mes para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, o el plazo para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos hasta el 1 de mayo de 2020.
  • La ampliación de plazos no afecta a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, que han de seguir presentándose en su plazo correspondiente, sin perjuicio de las posibilidades de que, las que se hayan de presentar hasta el 30 de mayo de 2020, puedan solicitar aplazamiento durante un plazo de 6 meses (con exención de los intereses durante los primeros tres meses). Este aplazamiento, que se concede sin garantía, sólo es aplicable a obligados tributarios con volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 euros en el año 2019, y se admitirá cuando el total de deudas aplazadas sin garantía no supere los 30.000 euros.
  • Finalmente, se amplían también los plazos de los procedimientos de ámbito catastral, en términos similares a los indicados anteriormente.

 

     C. MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO SOCIETARIO

Se han adoptado medidas de flexibilización para el normal funcionamiento de las sociedades de Derecho Privado, de aplicación en tanto el Estado de Alarma esté vigente, y a pesar de que en los Estatutos de las compañías no se hubiera previsto:

  • Las sesiones de los órganos de gobierno se podrán realizar telemáticamente, y se entenderán realizadas en el domicilio de la persona jurídica.
    • Podrá modificarse la convocatoria con una antelación de 48horas, si ésta hubiere tenido lugar antes de la declaración del Estado de Alarma.
  • Las votaciones podrán realizarse por escrito y sin sesión presencial, siempre y cuando lo soliciten dos miembros del órgano. En caso de aprobarse, la sesión se entenderá realizada en el domicilio social.
  • Se suspenden los siguientes plazos, a computar nuevamente desde la finalización del Estado de Alarma:
    • Formulación de cuentas anuales y demás documentos legalmente exigibles.
    • Aprobación de las cuentas anuales, y, en su caso, de su auditoría.
    • Ejercicio del derecho de separación de los socios en las sociedades de capital.
    • Reintegro de los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del Estado de Alarma.
    • Disolución de pleno derecho, a pesar de incurrir en causa legal o por estar prevista en Estatutos. Si la causa aconteciera durante el Estado de Alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en dicho periodo.
    • De caducidad de los asientos de registro, así como sus prórrogas, de asientos susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, tales como asientos de presentación, anotaciones preventivas, menciones o notas marginales.
  • Para el funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas, durante el año 2020:
    • La Junta de accionistas podrá celebrarse en los 10 primeros meses del ejercicio social.
    • La asistencia podrá ser telemática, así como el voto, que podrá ser a distancia.
    • En caso de que la convocatoria hubiere tenido lugar antes de la declaración el Estado de Alarma, con una antelación de 5 días, podrá modificarse de lugar y fecha y, en su caso, adaptar las necesidades para su celebración telemática.
  • La presentación del informe financiero ante la CNMV podrá prorrogarse hasta seis meses tras el cierre del ejercicio social.

 

     D. MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO CONCURSAL

  • En el artículo 43, se prevén medidas encaminadas a flexibilizar los plazos de obligación de solicitar el concurso voluntario de acreedores, priorizándolo en su caso frente a eventuales concursos necesarios que en circunstancias normales tendrían preferencia en la tramitación.
  • A diferencia de otras medidas adoptadas, no se exige acreditar que las causas de la insolvencia que determina la obligación de acudir a un concurso se deban a la situación coyuntural creada por la crisis sanitaria.
  • Afecta por tanto a todos los deudores que acrediten encontrarse en situación de insolvencia.

 

  • CONCURSOS NECESARIOS
    • Durante el periodo de alarma: No se admitirán a trámite.
    • Durante dos meses tras la finalización del periodo de alarma: No se admitirán a trámite

 

  • CONCURSOS VOLUNTARIOS
    • Durante el periodo de alarma:
      • En caso de insolvencia: No hay deber de solicitarlo
      • Si se hubiera realizado la comunicación prevista en el artículo 5bis de la Ley 22/2003 Concursal y hubiera vencido el plazo para presentar el concurso: No hay deber de solicitarlo
    • Durante dos meses tras la finalización del periodo de alarma: Si se presenta un concurso voluntario, será admitido a trámite con preferencia sobre cualquier concurso necesario presentado en dicho periodo, aunque éste último fuera anterior.

 

 

BUIGAS

18 de marzo de 2020

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.