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La ineficacia de los contratos de financiaciĆ³n por causa de nulidad del contrato principal

Procesal y Arbitraje

El tribunal supremo determina la ineficacia de los contratos de financiaciĆ³n por causa de nulidad del contrato principal. Especial relevancia caso Funnydent

Durante las tres últimas décadas, el mercado del crédito al consumo ha experimentado un importante desarrollo que desembocó a la aprobación de la Ley 16/2011 de 24 de julio de contratos de crédito al consumo. Como consumidores nos encontramos habitualmente con la posibilidad de financiar un producto o un servicio mediante un préstamo bancario a través del propio prestador del servicio que se encarga directamente de tramitar y formalizar dicho préstamo con una entidad bancaria, normalmente, de su elección.

En estos supuestos, sendos contratos, el contrato de arrendamiento de servicios (p. ej. un tratamiento bucodental) y el contrato de financiación (préstamo bancario), son dos contratos jurídicamente distintos, aunque vinculados dado que el contrato de financiación sirve, en la mayoría de casos, para pagar a plazos el importe total del servicio prestado. Tradicionalmente, en el supuesto que el prestamista del servicio incumpliese con sus obligaciones (p. ej. dejase de prestar el servicio contratado) procediendo entonces la resolución contractual o la ineficacia del contrato principal o incluso su nulidad radical o relativa, el consumidor tenia la obligación de seguir abonando las cuotas del préstamo bancario concertado pues se consideraban dos contratos jurídicos independientes.

Un antecedente histórico en relación con este tipo de conflicto jurídico lo constituye el caso acontecido años atrás en relación a una conocida franquicia de academias de idiomas que provocó que un gran número de alumnos matriculados quedaran afectados al no recibir las enseñanzas de los cursos contratados por cierre inesperado de dichas academias y restándoles por pagar un préstamo bancario que el propio centro ofrecía a sus alumnos para pagar sus cursos. Este caso sirvió para  regular  el concepto de contrato vinculado que conlleva básicamente que la anulación del contrato principal (en el presente caso, el curso de ingles) supone automáticamente la ineficacia del contrato de financiación. Según la Ley de Créditos al Consumo, que es la que  regula este tipo de préstamos, para que un contrato pueda calificarse como vinculado a otro principal debe reunir tres requisitos: en primer lugar, que el consumidor, para la adquisición de bienes o servicios, haya concertado un crédito con un empresario distinto del proveedor de aquéllos. En segundo lugar, que entre la entidad financiera que concede ese crédito y el proveedor exista un acuerdo previo, concertado en exclusiva, en virtud del cual este ofrecerá créditos a los clientes para la adquisición de sus bienes o servicios y, por último, que el crédito concedido al consumidor lo haya sido precisamente en base a ese acuerdo previo.

Posteriormente, y a raíz de los problemas que se plantearon en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles mediante los cuales se otorga a su titular la posibilidad de disfrutar de un alojamiento turístico durante un período determinado y exclusivo de cada año, el Tribunal Supremo en su reciente sentencia nº 436/2015 de 1 de Julio de 2015 (en relación con la sentencia de 28 de Abril de 2015) amplió la doctrina relativa a los contratos vinculados, en concreto, (1) relativa a la interpretación de los artículos 10 y 12 de la Ley 42/1998 declarando la ineficacia de los contratos de financiación no solo en atención a los supuestos de desistimiento y resolución del contrato principal sino también en cualquier caso de nulidad del mismo, y (2) el alcance del concepto de exclusividad exigido por la Ley de Créditos al Consumo. Conforme la citada sentencia, el Tribunal Supremo interpreta el concepto de exclusividad no tanto en la posible existencia de un auténtico acuerdo de exclusividad entre la entidad prestamista y el proveedor sino en la valoración de la inferioridad de la posición contractual del consumidor, que puede reflejarse en su falta de libertad real para acudir a una entidad financiera de su elección fuera del marco, ya exclusivo, ya plural, que le venga impuesto o inducido por el proveedor del servicio.

 

El reciente caso de FUNNYDENT

El pasado mes de Enero, la cadena de clínicas odontológicas Funnydent cerraba sin previo aviso las puertas de sus nueve clínicas odontológicas entre las comunidades de Cataluña y Madrid dejando sin terminar los tratamientos de miles de pacientes quienes, la gran mayoría,  habían financiado a través de préstamos de entidades bancarias propuestas por la propia clínica.

Los tratamientos de estos más de 2.000 afectados por el cierre de las clínicas llegaron a financiarse, en alguno de los casos, por valor de 20.000 euros lo que les ha supuesto un grave perjuicio no solo para su salud puesto que han dejado de recibir el tratamiento contratado sino económico pues deberán seguir abonando el préstamo que solicitaron mientras no se resuelva el contrato principal.

No obstante lo anterior, y gracias a la ya asentada doctrina del Tribunal Supremo siempre que se trate de una financiación vinculada (es decir, que el consumidor no se haya buscado la financiación por su cuenta sino que haya aceptado la propuesta por el vendedor en colaboración con una entidad financiera), el consumidor podrá oponer frente a la financiera las mismas excepciones que tuviera frente al prestador del servicio lo que significará no solo que podrá dejar de pagar las cuotas aplazadas del financiamiento sino que podrán recuperar la total cantidad abonada así como solicitar la resolución del contrato principal y la indemnización de daños y perjuicios que en su caso proceda.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.