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RD 11/2020 MEDIDAS RELACIONADAS CON EL ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL

Inmobiliario

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL

Este nuevo real decreto-ley persigue la adopción de un nuevo paquete de medidas para apoyar a las familias y colectivos más vulnerables que, tras la paralización de gran parte de la actividad económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad de hacer frente a los gastos. Las principales medidas son:

SE SUSPENDEN LOS DESAHUCIOS. Una vez que finalice el estado de alarma, para la persona que acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica a consecuencia de los efectos del COVID-19, que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. La suspensión será “por el tiempo estrictamente necesario, atendido el informe de los servicios sociales”

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL. A solicitud del arrendatario se podrá aplicar una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento, durante la cual se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

  • Será para contratos cuyo periodo de prórroga finalice dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el día en que hayan transcurridos dos meses desde la finalización del estado de alarma.
  • El periodo máximo de prórroga será de 6 meses.
  • La solicitud deberá ser aceptada por el arrendador salvo que ambos acuerden otras condiciones.

MORATORIA DE LA DEUDA. Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-19 en los términos que se definen.

  • Aplicación obligatoria de la moratoria de la deuda en caso de que el arrendador sea una empresa, una entidad pública de vivienda o una persona titular de más de diez inmuebles urbanos o una superficie construida de más de 1.500m2.

Si no hay acuerdo entre las partes, el arrendador comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguientes alternativas:

  • Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente, con un máximo de cuatro meses.
  • Una moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma y las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente. El plazo máximo será de cuatro meses. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

Si el arrendador no es una empresa, entidad pública o tiene menos de 10 viviendas:

  • El arrendatario podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que no hubiera un acuerdo previo entre ambas partes con carácter voluntario.
  • Una vez recibida la solicitud, la arrendadora comunicará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.

Si la persona física arrendadora no aceptara ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida, ésta podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas por el apartado siguiente.

AVALES PARA LA FINANCIACIÓN. Se establece una línea de avales (con total cobertura del Estado y por un periodo de hasta catorce años) para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación de carácter finalista para el pago de la renta.

  • El plazo de devolución será de hasta seis años, prorrogable para otros cuatro y sin que, en ningún caso, devenguen ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.
  • Las ayudas podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.
  • Podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión del COVID-19.

REQUISITOS PARA OBTENER MORATORIAS O AYUDAS EN RELACIÓN CON LA RENTA DE LA VIVIENDA HABITUAL:

  • Estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o reducción de jornada laboral por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria.
  • Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

NUEVO PROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER. Se incorporará al Plan Estatal de Vivienda un programa de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler:

  • Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida y tengan dificultades en devolver las ayudas financieras transitorias y préstamos contraídos para el pago de las rentas La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e interese del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.