Back

RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONSECUENCIA DEL COVID-19

Administrativo y Regulatorio

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está causando un impacto económico cada vez más relevante en empresas, particulares y familias.

En este contexto, el Gobierno español ha aprobado la declaración del estado de alarma y, dentro del mismo, ido aprobando una serie de paquetes de medidas con importantes efectos socioeconómicos. Estas medidas se encuentran a priori suficientemente amparadas por el sistema jurídico, si bien en cualquier caso los actos del Poder Ejecutivo son fiscalizables por los Tribunales, en particular la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El artículo 106 de la Constitución Española consagra la denominada responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración al establecer que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

En primer lugar, cabe señalar que la declaración del estado de alarma no exime al Gobierno de la obligación de responder por los perjuicios económicos que puedan causarse a los particulares como consecuencia de las medidas adoptadas durante dicho período, como prevé el artículo 3.2. de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

En segundo lugar, la previsión del artículo 106 de la Constitución se encuentra actualmente desarrollada en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, normativa que resulta de aplicación a todas las Administraciones Públicas.

El artículo 32 de dicha norma contempla el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por las lesiones padecidas en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos siempre que no se trate de un supuesto de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

A su vez, el artículo 34 establece que “no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos”. Por tanto, se establece una distinción entre aquellos daños causados como consecuencia de hechos o circunstancias imprevisibles o irresistibles, y aquellos que habrían podido evitarse según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción del daño.

Por tanto, la concurrencia o no de la circunstancia de fuerza mayor durante la crisis sanitaria del COVID-19 será uno de los elementos determinantes a los efectos de determinar la eventual responsabilidad de las Administraciones Públicas respecto de las medidas adoptadas y, en consecuencia, el derecho de los particulares a ser indemnizados por los daños y perjuicios que se les puedan haber producido. Habrá que tener en cuenta, además, si los daños causados derivan de hechos que habrían podido preverse o evitarse, o minimizarse, según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento en que se produjeron.

Por tanto, habrá que determinar individualmente en cada caso concreto y atendiendo a sus particulares circunstancias, si concurren o no los requisitos legalmente establecidos para que pueda exigirse responsabilidad patrimonial a las Administraciones Públicas por los daños y lesiones causados a los particulares como consecuencia de su actuación y, específicamente, si concurren los elementos siguientes, correspondiendo la carga de la prueba al administrado:

  • la existencia de un hecho imputable a la administración;
  • la concurrencia de un daño o menoscabo patrimonial injustificado;
  • la relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido; y
  • la ausencia de fuerza mayor,

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.