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MEDIDAS PROCESALES, CONCURSALES Y ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR COVID-19

Procesal y Arbitraje

El Gobierno, en previsión del aumento de litigiosidad que se originará como consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas a causa de la crisis del COVID-19, ha aprobado las siguientes medidas.

El capítulo primero, sobre medidas de carácter procesal:

  1. La habilitación, para todas las actuaciones judiciales, de los días 11 al 31 del mes de agosto de 2020. Los sábados y domingos estarán exentos de la mencionada excepcionalidad.
  2. El cómputo de los plazos procesales volverá a calcularse desde su inicio. Esto es, se volverá a disponer de la totalidad del plazo, a pesar de que éste hubiere quedado suspendido por el RD 436/2020 de 14 de marzo, y el primer día hábil será el siguiente a la finalización del estado de alarma.
    1. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones quedan ampliados por el doble del periodo previsto para ello. Únicamente sobre aquellas sentencias y demás resoluciones notificadas durante y dentro de los veinte días hábiles siguientes a la suspensión de plazos establecida en RD 463/2020 de 14 de marzo. No aplicará, en todo caso, a aquellos procedimientos declarados como urgentes por el RD 436/2020.
  3. La habilitación de un procedimiento especial y sumario en materia de familia, para los siguientes procedimientos, y que se hubieren visto afectados directamente a causa de la crisis del COVID-19. Su tramitación principiará por demanda, con contenido y forma propios del juicio ordinario.
    • Será competente el Juzgado que hubiere resuelto con anterioridad las siguientes medidas:
      •  El restablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o custodia compartida.
      • La revisión de medidas definitivas sobre cargas del matrimonio y pensiones económicas y de alimentos
    • Será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal o a elección del demandante,
      • El establecimiento o revisión de la obligación de prestar alimentos.
  4. Tramitación preferente de determinados procedimientos, a saber:
    • En el orden jurisdiccional social:
      1. Declaración de la forma de recuperación de las horas de trabajo prestadas durante el permiso retribuido previsto en RD 10/2020 de 29 de marzo.
      2. Despidos.
      3. Impugnación de ERTEs, con carácter preferente. Su tramitación será conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo, en caso de versar sobre suspensiones y reducciones de jornadas, que afecten a más de 5 cinco trabajadores (en aplicación del artículo 23 del RD 7/2020 de 18 de marzo). Podrá promover el procedimiento de conflicto colectivo la comisión representativa prevista para paliar los efectos del COVID-19.
    • En el orden jurisdiccional civil:
      1. Procesos sobre medidas adoptadas sobre la patria potestad (artículo 158 Código Civil).
      2. Reclamaciones derivas de la aplicación de la moratoria en hipotecas y rentas de vivienda habitual.
    • En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Recursos contra actos y resoluciones de las Administraciones Públicas que denieguen ayudas económicas, tendentes a paliar los efectos de la crisis del COVID-19.

 

El capítulo segundo, sobre medidas concursales y societarias.

  1. Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se permitirá:
    • Presentar una modificación del convenio concursal que se encuentre en periodo de cumplimiento.
      • Junto a la solicitud, deberá acompañarse una relación de los créditos concursales pendientes de pago, aquellos no satisfechos, un plan de viabilidad y plan de pagos. Su tramitación será escrita.
      • Las mayorías del pasivo exigibles para la aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que las exigidas para la aceptación de la propuesta del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación.
      • En ningún caso afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario.
      • Se dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo.
    • Aplazar el deber del deudor a solicitar la apertura de la fase de liquidación, a pesar de que conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos u obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio concursal, siempre que se presente una modificación del mencionado convenio y éste se admita a trámite.
      • El Juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación, aunque se acredite la existencia de causa
      • En caso de incumplimiento del convenio, dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra la masa, los siguientes:
        1. Los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza.
        2. Los créditos derivados de garantías personales o reales constituidas a favor del concursado por cualquier persona (incluso aquellas que tengan la condición de persona especialmente relacionada con éste).
    • Modificar o alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación con acreedores, aunque no hubiere transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación, siempre que se ponga en conocimiento al Juzgado competente.
      • Si dentro de los 3 meses siguientes a la comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzada un acuerdo de modificación u otro nuevo, el juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.
      • Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la finalización de dicho plazo de seis meses.
    • Tramitar con carácter preferente:
      • Los incidentes concursales en materia laboral.
      • Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.
      • Las propuestas de convenio o de modificación de aquellos en periodo de cumplimiento.
      • Los incidentes concursales en materia de reintegración de la masa activa.
      • La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación.
      • La adopción de medidas cautelares que puedan contribuir al mantenimiento de los bienes y derechos.
    • Agilizar la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos. Se considerará que se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acredita que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, comunicándolo al Juzgado.
  2. Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores.
    • Hasta el 31 de diciembre de 2020, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, independientemente de que hubiera comunicado al Juzgado la apertura de negociaciones con acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
    • Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma.
    • Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.
    • Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores, será de aplicación el régimen general establecido por Ley. 
  3. En los concursos de acreedores que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma,
    • La subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque en el plan de liquidación estableciera diferente. Exceptuando la enajenación del conjunto de la empresa o de una o varias unidades productivas, que podrá realizarse mediante subasta judicial, extrajudicial o mediante cualquier modo autorizado por el Juez.
  4. En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma,
    • Tendrán la consideración de créditos ordinarios aquellos concedidos por aquellos que tengan la consideración de personas especialmente relacionadas con el deudor.
    • Los medios de prueba admisibles para resolver las impugnaciones del inventario y la lista de acreedores, serán las documentales y periciales, sin que sea necesaria la celebración de vista, debiendo ser éstas acompañadas a la demanda incidental de impugnación y a sus contestaciones.
  5. Aprobación del plan de liquidación cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido 15 días desde que ésta quedara de manifiesto en la oficina del Juzgado, con las modificaciones que este último considerare oportunas y necesarias.
    • En caso de que tras la finalización del estado de alarma el plan no estuviera de manifiesto en la oficina del Juzgado, el Letrado de la administración de justicia lo acordará de inmediato.
  6. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas. No se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020 a los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución ex art. 363.1 e) LSC.
    • En caso de que el resultado en el ejercicio del 2021, se apreciaren pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del Capital Social, deberá convocarse la celebración de la Junta, en el plazo de 2 meses a contar desde el cierre del ejercicio, para proceder a la disolución de la sociedad.

 

El capítulo tercero, sobre medidas organizativas y tecnológicas.

  1. Durante la vigencia del estado de alarma, y hasta tres meses después de su finalización, se adopta:
    • La celebración de actos procesales será mediante presencia telemática, siempre que se dispongan de los medios técnicos para ello.
    • El acceso a las salas de vistas quedará limitado.
    • Las exploraciones médico-forenses según documentación disponible.
    • La dispensa del uso de togas. 
    • La atención al público en sede judicial se realizará por vía telefónica o correo electrónico.
    • El acceso a la sede judicial se realizará únicamente con cita previa.
    • La posibilidad de que los Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios refuercen otros Juzgados.
    • La jornada laboral de mañana y tarde para los Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios de órganos jurisdiccionales.
  2. Transformación de órganos judiciales pendientes de entrada en funcionamiento en órganos judiciales que conozcan únicamente de procedimientos asociados al COVID-19.
    • Asignación de Jueces de Adscripción Territorial a los mencionados juzgados.

 

Además, el RD adopta disposiciones, a destacar:

  • Se amplían los plazos en el ámbito del Registro Civil en los expedientes de autorización para celebración de matrimonio.
  • Se modifica el artículo 4 del RD 11/2020 de 31 de marzo sobre la moratoria en el pago de vivienda habitual, quedando aplazado el término para solicitar el aplazamiento o la condonación al plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente RD.
  • Se desarrolla una línea de avales con total cobertura del Estado mediante convenio con el ICO por un plazo de hasta 14 años, con tal de que las entidades de crédito ofrezcan ayudas transitorias de financiación a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia del COVID-19. Las ayudas serán adoptadas en forma de préstamo con un plazo de devolución de hasta seis años prorrogables cuatro años más.

 

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.