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El derecho al olvido

Propiedad Intelectual, Media y IT

El Tribunal Supremo avala el “derecho al olvido” reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El pasado 15 de octubre de 2015, el Alto Tribunal aplica por primera vez en España el llamado “derecho al olvido digital”, es decir, el derecho de cancelación y oposición a la difusión de información personal a través de Internet, avalando, así, lo reconocido por la pionera y conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de mayo de 2014.

El Tribunal Supremo resuelve un Recurso de Casación sobre una sentencia relativa a la demanda interpuesta por dos particulares contra un conocido diario. Éstos solicitaban la adopción de las medidas necesarias para evitar la difusión actual y permanente de los hechos ocurridos en los años ochenta, cuando se vieron implicados en el tráfico y consumo de drogas.

A pesar de cumplir condena y rehacer su vida personal, familiar y profesional, si se introducían palabras clave como sus nombres y apellidos en el motor de búsqueda de Internet, aparecía, en los primeros lugares de consulta, la noticia de su detención, ingreso en prisión y síndrome de abstinencia.

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo busca un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho al honor, intimidad y propia imagen, introduciendo como factores determinantes para la adecuada ponderación: el tiempo transcurrido, el ejercicio de la libertad de información, el derecho al honor, intimidad y protección de datos personales, el potencial ofensivo de la información publicada y el interés público de dicha información. Reconoce por tanto el derecho al olvido digital, si bien con matices.

Así, el pleno de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal considera justificado que, a instancia de los afectados, los responsables de los diarios digitales estén obligados a tomar las medidas tecnológicas necesarias para que las noticias no aparezcan en buscadores de Internet, pero no considera que éstas deban ser suprimidas de sus hemerotecas, pues reconoce que supondría una restricción excesiva de la libertad de información.  

 En definitiva, si bien se reconoce el derecho al olvido, se recalca que éste no ampara “que cada uno constituya un pasado a su medida, impidiendo la difusión de informaciones sobre hechos que no se consideren positivos.

Para poder ejercer este derecho al olvido, la legislación española exige como requisito imprescindible que el interesado, bien en nombre propio bien por medio de representante, se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos. Los buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios (GoogleBing o Yahoo) para recibir las peticiones de ejercicio de derechos en este ámbito. Si la entidad no responde a la petición realizada o el interesado considera que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede solicitar que la Agencia Española de Protección de Datos tutele su derecho frente al responsable. En función de las circunstancias de cada caso concreto, la Agencia determinará si lo estima o no. Esta decisión de la Agencia, a su vez, es recurrible ante los Tribunales.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.