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El tratamiento de datos personales sin consentimiento del titular

Propiedad Intelectual, Media y IT

El Tribunal Supremo, mediante sentencia de fecha 8 de febrero de 2012, ha anulado el artículo 10.2.b del Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), al entenderlo contrario al derecho comunitario, ampliando con ello la posibilidad de tratar y/o ceder datos personales sin el consentimiento del titular, más allá de aquellos procedentes de fuentes accesibles al público. La anulación de dicho precepto puede alterar sustancialmente el marco vigente de protección de datos en España, especialmente en relación a las cuestiones que exponemos a continuación:

1.- DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL PRECEPTO 10.2.B DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LOPD.

El precepto recientemente anulado por el Tribunal Supremo venía a limitar y restringir, conjuntamente con el 10.2.a del mismo Reglamento, la posibilidad del tratamiento y la cesión de datos personales sin el consentimiento del titular estableciendo un requisito adicional en el sentido de que los datos objeto de tratamiento o cesión figurasen “en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”.

El Tribunal Supremo, basándose en una sentencia anterior del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 24 de noviembre de 2011 sobre la cuestión de prejudicialidad solicitada por el propio Tribunal Supremo, ha declarado nulo la totalidad del artículo 10.2.b por entenderlo contrario al artículo 7 f) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, al entender que la regulación contenida en dicho artículo era más restrictiva que el de la propia Directiva, permitiendo de esta manera el tratamiento de datos personales sin el consentimiento previo del titular siempre que medie un interés legítimo del responsable del fichero.

Dicha anulación, al haberse hecho en bloque plantea ahora la problemática de la indeterminación al respecto del uso de los datos sin consentimiento cuando hay un efectivo interés legítimo, entendemos pues que habría sido más correcto anular solo el requisito específico de la accesibilidad de los datos en fuentes públicas. El Tribunal en su afán de seguir los criterios marcados por el TJUE, y quizá teniendo en cuenta que ya anuló cuatro artículos más de la misma norma en una sentencia anterior, ha pretendido indirectamente mandar un mensaje al legislador y a la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que modifiquen o armonicen la normativa al respecto.

En cualquier caso, y mientras esto no ocurra, entendemos directamente aplicable en el ordenamiento jurídico español el mencionado artículo 7 f) de la Directiva, en atención a los criterios sentados por la jurisprudencia del TJCE, permitiendo en consecuencia, el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, sin el consentimiento del interesado, siempre que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste.

2.- EL INTERÉS LEGÍTIMO.

La actual coyuntura legal resultante de la mencionada sentencia, obliga a los principales actores jurídicos, a consensuar una interpretación de un concepto tan indeterminado como el de “Interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento”, que como bien dice la propia sentencia del Tribunal Supremo, deberá en todo caso ponderarse con la prevalencia del interés o de los derechos y libertades del interesado.

Conviene, en primer lugar, aclarar que interés legítimo, no es cualquier interés, algo que la AEPD, ya se ha apresurado a remarcar a posteriori atendiendo al criterio de la mencionada ponderación entre los intereses del titular y los del encargado del tratamiento. Sin embargo, queda pendiente acotar el alcance de dicha ponderación y el establecimiento de unos criterios claros a la hora de determinar el interés legítimo del encargado del tratamiento.
Resulta obvio, por otra parte, que la definición o interpretación de interés legítimo no puede basarse en la fijación de unos criterios limitativos que resulten demasiado específicos, pues entendemos que dicho interés variará de forma considerable dependiendo del sector en el que opere el encargado del tratamiento de los datos.

3.- REACCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

A la espera de una respuesta oficial y en atención a la nota de prensa que la AEPD emitió en su día al respecto de la sentencia del TJUE, podemos augurar que la reacción de la propia AEPD seguirá en la línea de cerrar cualquier puerta a la posibilidad de reclamación por parte de los afectados por sanciones impuestas en base al artículo ahora derogado, al entender ésta que hasta la fecha sus criterios interpretativos estaban en sintonía con línea interpretativa que marcaba el propio TJUE en dicha sentencia, respetando en todo caso la mencionada ponderación. Sin embargo, como es bien sabido, España tiene una de las legislaciones más restrictivas en materia de Protección de Datos, por lo que habría que estar al caso concreto para determinar si la AEPD ha actuado siempre de acuerdo con los criterios ahora expuestos por el TJUE y el Tribunal Supremo, y en consecuencia si existe o no el derecho a reclamar por sanciones impuestas con anterioridad, por infracción del artículo ahora derogado.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.