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Concursar antes de morir

Insolvencia y Reestructuraciones

Aun cuando la actual Ley Concursal (22/2003, de 9 de julio) tiene una corta vida, pues tiene escasos cuatro años de vigencia, sí podemos adelantar que su aplicación no está consiguiendo que la mayoría de los procedimientos concursales instados finalicen alcanzando un Convenio con los acreedores, cuyo cumplimiento implique el fin de la situación de crisis que llevó a solicitar la declaración del concurso y el mantenimiento de la actividad de la compañía. Por el contrario, la mayoría de los procedimientos concursales terminan con liquidación, y ello con las consecuencias legales, inclusive de eventual responsabilidad de los administradores, que la propia Ley impone a tal situación.

Y ello es así a pesar de que la Ley, en su Exposición de Motivos, establece que el convenio es la solución normal del concurso y la liquidación, en cambio, es siempre una solución subsidiaria y excepcional que opera únicamente cuando no se alcanza o se frustra la solución del convenio. Pero la realidad es tozuda y evidencia que la Ley no está cumpliendo su objetivo, forzándonos a buscar la razón o razones para justificar o explicar las causas de esta situación no deseada por el legislador.

La publicación “Estadística Concursal”, editada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, efectúa un somero análisis de los distintos procedimientos seguidos durante el ejercicio 2006, llegando a la conclusión que las empresas que alcanzan convenio son más las grandes que las medianas o pequeñas, más las del sector industrial que de otros sectores y más aquellas que emplean un mayor número de trabajadores. También lo consiguen más aquellas que tienen una mayor proporción de activos fijos financieros y materiales que las que tienen más activos circulantes, y en general todas las que tienen mejores ratios de financiación básica. Es decir, los acreedores aceptan más las propuestas de convenio cuando hay una mayor estabilidad de activos y pasivos, no siendo tampoco ajeno a ello el hecho, sin duda, que las empresas que consiguen un convenio con sus acreedores gozan de un buen asesoramiento legal a lo largo de todo el procedimiento concursal. Una mayor profesionalización y experiencia de los integrantes de la Administración Concursal es una circunstancia que también ayudaría a la consecución de los objetivos de la Ley.

No obstante, también recoge esta publicación que la mayoría de solicitudes de declaración de concursos las presentan empresas que, por su situación económica, deben necesariamente ir a la liquidación, pues la crisis que padecen es estructural e irreversible.

Y aquí radica, a nuestro juicio, una de las principales causas que explican el fracaso de la Ley en sus objetivos, cuál es la falta de percepción por parte de muchos empresarios de que el concurso de acreedores es una útil y eficaz herramienta para asegurar la supervivencia de las empresas en épocas de crisis, y no un simple mecanismo de liquidación, si bien ello requiere que la decisión de solicitar la declaración del concurso se adopte en su debido tiempo, y no cuando la situación económico-patrimonial de la compañía se ha deteriorado de tal forma que hace inviable la continuación de su actividad. Es decir, la decisión empresarial de solicitar la declaración de concurso debe anticiparse a la situación real de crisis de la empresa, pues ello permitirá sin duda un margen de maniobra muy superior a la hora de poder negociar un buen convenio y asegurar la viabilidad futura de la compañía. En definitiva, “concursar antes de morir” (no una vez muerto).

Por otro lado, nos preguntamos también si acaso puede influir en muchas empresas concursadas que se encuentren con una situación de crisis coyuntural y, por tanto, reversible que no alcanzan convenio y deben ir a la liquidación, el hecho de que la Ley no cumple en su articulado con lo predicado en su Exposición de Motivos: “el convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud”.

Si nos remitimos a los artículos de la Ley que regula los presupuestos necesarios para poder alcanzar convenios con los acreedores, son muchas las limitaciones establecidas para conseguirlos. Tal vez si la Ley se hubiera limitado a cumplir con ese anuncio, que hace que los convenios son un negocio jurídico en que la autonomía de las partes goza de gran amplitud y no hubiera establecido tantas limitaciones, se alcanzarían un numero muy superior de éstos, y para evitar los abusos que venían produciéndose con la anterior legislación (que supuestamente intenta evitar la Ley vigente), debería haber introducido sanciones para aquellos que incurrieran en tales conductas.

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.